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Marco legal

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De WikiCenaticEsp



En este capítulo se presenta la normativa legal aplicable y los requisitos de adquisición de software en las Administraciones Públicas españolas, atendiendo especialmente a su aplicación en el caso del software de fuentes abiertas.


Visión general

La legislación en vigor determina un marco muy claro y definido respecto a los aspectos que debería cuidar la Administración General del Estado, tanto en sus actividades cotidianas como en su relación con la ciudadanía, servicios que ofrece a la misma y requisitos operativos que deberían tenerse en cuenta a la hora de implementar dichos servicios en sus sistemas de información.



La figura 3.1., Propuesta de recomendaciones a la Administración General del Estado sobre utilización de software libre y de fuentes abiertas, presenta una panorámica general de las diferentes interrelaciones que podemos detectar entre los agentes que participan en este proceso. 


La normativa legal existente establece una serie de parámetros y atribuciones orientativos respecto la utilización de las fuentes abiertas por parte de la Administración General del Estado, los cuales se encuentran recogidos en el documento Software libre y Administración electrónica:


  • Defensa del interés general.La Constitución establece en su artículo 103 que "La Administración sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia..."
  • Eficacia y eficiencia.Ley 30/1992, artículo 3. Principios Generales: "actuación por los criterios de eficacia y servicio a los ciudadanos".
  • Normalización e interoperabilidad.Real Decreto 263/1996: "conformidad con las normas nacionales e internacionales exigibles".
  • Protección de las distintas modalidades lingüísticas. Recogida en la propia Constitución Española, artículos 3, 49 y 149.


Figura 3 1



  • Propiedad Intelectual y Patentes. La Ley de Propiedad Intelectual, establecida por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en sus artículos 95 a 104, trata de los derechos de autor y los programas de ordenador; posteriormente esta ley ha sido completada a través de la Ley 23/2006, de 7 de julio, con la modificación de los artículos 25, 31 y 160. Del mismo modo, la Ley de Patentes y Modelos de Utilidad establece que los programas no se consideran invenciones y, por lo tanto, no están sujetos a patentabilidad.
  • Contratación. Tanto el marco jurídico general (Ley de Contratos de las Administraciones Públicas) como el marco jurídico específico (RD 2572/1973, RD 533/1992, RD541/2001...) establecen vías y condiciones de contratación que debería seguir la Administración General del Estado.

Por tanto, el papel que juega la Administración General del Estado en este ámbito es complejo, puesto que puede desempeñar a la vez diferentes perfiles: prestador de servicios, usuario y comprador de componentes para sistemas de información, desarrollador de aplicaciones para controlar y gestionar dichos sistemas, así como regulador y referente en este sector. Dentro de todos estos aspectos, el apartado más relevante es el aplicable a la creación de servicios y documentos electrónicos, así como programas y aplicaciones puestos a disposición del tejido empresarial.


Interoperabilidad entre sistemas de información

Como se ha destacado en el apartado anterior, uno de los aspectos que más se debe cuidar en los sistemas de información de las Administraciones Públicas es garantizar la interoperabilidad entre los distintos sistemas de las Administraciones españolas, así como asegurar que dicha interoperabilidad sea igualmente extensible a otros países de la UE. En este sentido, el documento Propuesta de recomendaciones a la Administración Generaldel Estado sobre la utilización del software libre y de fuentes abiertas, incide específicamente en las ventajas que ofrece el software de fuentes abiertas como garante de esta interoperabilidad.



El estudio realizado por el programa IDA sobre la utilización de software de fuentes abiertas en la Administración Pública incluye, entre las razones fundamentales para su utilización, el respeto a las normas y el fomento de la interoperabilidad. En relación con este último aspecto, se indica que el uso de especificaciones públicas y abiertas favorece la interoperabilidad de forma directa, y se encuentra íntimamente relacionado con el desarrollo de software libre y de fuentes abiertas. También se cita la especial relevancia de la interoperabilidad dentro de la interrelación horizontal, igualmente llamada arrastre en cadena, de unas entidades públicas a otras dentro de la Administración, así como en las relaciones con la ciudadanía. Los formatos y estándares abiertos permiten la adopción de protocolos y especificaciones públicamente disponibles y claramente definidos.


Esto conlleva una importante consecuencia relacionada íntimamente con las normativas abiertas y la interoperabilidad: la independencia de estándares. Mediante la utilización de estándares abiertos la Administración Pública no está sujeta a migraciones o actualizaciones forzadas impuestas por el desarrollador del software o estándar propietario.




En este contexto es necesario resaltar la entrada en vigor de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos

La utilización de las tecnologías de la información tendrá las limitaciones establecidas por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, respetando el pleno ejercicio por los ciudadanos de los derechos que tienen reconocidos, y ajustándose a los siguientes principios: [...] 

i) Principio de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las técnicas y sistemas de comunicaciones electrónicas garantizando la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas por los ciudadanos y por las administraciones Públicas, así como la libertad de desarrollar e implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado. A estos efectos las Administraciones Públicas utilizarán estándares abiertos así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

Además, en el título IV de dicha ley, "Cooperación entre Administraciones para el impulso de la Administración Electrónica", se encuentra en el capítulo II, "Cooperación en materia de interoperabilidad de sistemas y aplicaciones", una reseña específica a este tema. El artículo 41 del citado capítulo indica: Artículo 41. Interoperabilidad de los Sistemas de Información. Las Administraciones Públicas utilizarán las tecnologías de la información en sus relaciones con las demás Administraciones y con los ciudadanos, aplicando medidas informáticas, tecnológicas, organizativas, y de seguridad, que garanticen un adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa y eviten discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.




Finalmente, el capítulo III, "Reutilización de aplicaciones y transferencia de tecnología", recoge otros dos artículos que merecen especial mención:

Artículo 45. Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración.

  1. Las Administraciones titulares de los derechos de propiedad intelectual de aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o cuyo desarrollo haya sido objeto de contratación, podrán ponerlas a disposición de cualquier Administración sin contraprestación y sin necesidad de convenio.
  2. Las aplicaciones a las que se refiere el apartado anterior podrán ser declaradas como de fuentes abiertas, cuando de ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública o se fomente la incorporación de los ciudadanos a la sociedad de la información.


Artículo 46. Transferencia de tecnología entre Administraciones.

  1. Las Administraciones Públicas mantendrán directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilización, especialmente en aquellos campos de especial interés para el desarrollo de la Administración Electrónica y de conformidad con lo que al respecto se establezca en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
  2. La Administración General del Estado, a través de un centro para la transferencia de la tecnología, mantendrá un directorio general de aplicaciones para su reutilización, prestará asistencia técnica para la libre reutilización de aplicaciones e impulsará el desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares comunes de especial interés para el desarrollo de la Administración Electrónica en el marco de los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad.



Como caso particular, la Junta de Andalucía ha emitido una propuesta de Decreto que describe el nuevo "Marco de Interoperabilidad Digital" propuesto para la gestión de sus sistemas de información. En el preámbulo de dicha propuesta de decreto se establece lo siguiente: "...el software es un elemento omnipresente en todos los eslabones de la sociedad de la información. Su uso por parte de las entidades públicas, en general, así como en el desarrollo y prestación de los servicios electrónicos por parte de la Administración, se ha de producir en el marco de la defensa del interés general, la transparencia de la actuación administrativa, la eficacia y la eficiencia, la seguridad, la conservación de la información en soporte electrónico, la accesibilidad, la normalización y la interoperabilidad, la protección de las diversas modalidades lingüísticas y de los principios rectores del sistema de contratación de las Administraciones Públicas. Por ello, el uso de estándares abiertos es el único camino que garantiza que la participación de los diversos actores en los servicios electrónicos de la Administración de la Junta de Andalucía se realice utilizando sus opciones preferidas sin verse condicionados a la utilización o adquisición de entornos tecnológicos concretos a la vez que se promueve una mayor concurrencia en el mercado."







Se establece así, de forma explícita, la necesidad de favorecer la interoperabilidad en el funcionamiento y comunicación de los distintos sistemas de información públicos, admitiendo el relevante papel que los estándares abiertos juegan a la hora de conseguir estos objetivos. De hecho, en esta propuesta de Decreto se marcan cuatro objetivos básicos, en consonancia con los que se han expuesto en este capítulo:


  1. Garantizar que la ciudadanía y las instituciones públicas y privadas puedan comunicarse electrónicamente o acceder a los servicios de la Administración Pública andaluza sin que ninguna de las dos partes esté obligando a la otra a usar un determinado sistema informático, salvaguardando de forma expresa el principio de equidad en la accesibilidad digital.
  2. Garantizar la interoperabilidad de los servicios y sistemas de información utilizados, tanto para la relación de la Junta de Andalucía con la ciudadanía, con otras Administraciones y con entidades públicas y privadas, como en su propio seno.
  3. Preservar el conocimiento generado, permitiendo el acceso transparente, controlado y seguro a la información y a los documentos almacenados, propios o ajenos, que fundamentan y resultan de todas las actuaciones y procesos internos de la Junta de Andalucía.
  4. Establecer las condiciones que garanticen un uso eficaz y eficiente de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en adelante TIC, al objeto de que sirvan como instrumento para la modernización administrativa y el cumplimiento de los objetivos generales establecidos por el Consejo de Gobierno.



La propuesta de Decreto de la Junta de Andalucía tiene como objeto:
  • Garantizar la comunicación tecnológicamente neutral entre ciudadanía y administración
  • Garantizar la interoperabilidad
  • Garantizar la conservación del conocimiento
  • Promover el uso eficiente de las TIC en la Junta de Andalucía



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