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Análisis preliminar de la Ley

Análisis preliminar de la Ley

De WikiCenaticEsp



Entorno legislativo y aprobación de la Ley 11/2007.


Múltiples son las iniciativas tanto a nivel comunitario como nacional para garantizar el acceso de servicios públicos por los ciudadanos mediante el impulso de las TIC a efectos de conseguir una reducción de plazos y tiempos de espera engorrosos para el ciudadano y reducir la burocracia asociada a los trámites administrativos presenciales.


La Administración electrónica se presenta a lo largo del derecho comparado como una de las principales aspiraciones de los Entes públicos a nivel internacional. Dejando de lado estimaciones de Derecho comparado ajenas al presente estudio, (tales como el Código Italiano de Digitalización, la Ley 10/2004 austriaca,…) el principal impulso en España viene dado por el Plan Moderniza, que anunciaba dentro de sus iniciativas la aprobación de un código de derecho electrónico, la Ley de Administración electrónica, o como vino a denominarse después de su tramitación parlamentaria como Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos en una clara vocación de servicio al ciudadano, en aras de remarcar la puesta a disposición de la Administración al servicio de los ciudadanos españoles.


Año

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Programa eEuropa i2005











Programa IDABC











Programa eEuropa i2010











Programa Info XXI











Plan de choque para el impulso de la AE en España











Plan de Servicios y Contenidos











Programa España.es











Plan Conecta











Ingenio 2010 (Plan Moderniza)











Ingenio 2010 (Plan Avanza)













Denominación de la LAESCP.




La Administración Electrónica se define, en palabras de la Comisión de las Comunidades Europeas, dentro de la Comunicación 576 final , de 26 de septiembre de 2003 final , de 26 de septiembre de 2003 como:


“El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las administraciones públicas, combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas


Implica por tanto no solo la implantación de aplicaciones telemáticas, sino que opera como instrumento de modernización de las Administraciones Públicas entre otros, en los siguientes campos:


  • Cambios organizativos.
  • Redefinición de conceptos, sistemas y políticas de seguridad.
  • Rediseño y configuración de procedimientos administrativos.
  • Implantación de TIC.
  • Servicios on line.
  • Notificaciones y Registros telemáticos, normalización de documentos electrónicos.


La LAECSP, viene a encuadrarse en este concepto, si bien, adquiriendo una doble significación, atendiendo a la vocación de servicio de las AAPP al ciudadano, y regulando el régimen jurídico de las AAPP y el procedimiento administrativo común cuando se gestiona electrónicamente.



Distribución de competencias Estado-CCAA



Distribución competencial:

Bases (Estado) + Desarrollo (CCAA)


Esta regulación específica de la ley nos exige un somero análisis de la distribución competencial entre las Administraciones públicas que aparece comprendida en los artículos 147,148 y 149 de La Constitución.


En la materia tratada resulta fundamental el artículo 149.1.18, cuando afirma:


El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: Las bases de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; … “


La delimitación del régimen jurídico de las Administraciones Públicas se engloba en el esquema «bases más desarrollo» que permite a las Comunidades Autónomas dictar sus propias normas siempre que se ajusten a las bases estatales. De ahí, que la fijación del impacto y desarrollo de las TIC corresponde al Estado, que fijará unos criterios de mínimos respecto a la tramitación de los medios electrónicos en los procedimientos administrativos y los servicios públicos, correspondiendo a las CCAA su posterior desarrollo.



¿Qué debemos entender por legislación básica?



Distribución competencial:
  • Concepto de legislación básica



A la hora de determinar que debemos entender por básico, es preciso acudir a la propia ley estatal, sin perjuicio de valoraciones posteriores del Tribunal Constitucional.


En concreto, sin entrar en detalle por el momento, el concepto de “básico” en materia de Administración electrónica aparece en la Disposición Final Primera de la Ley 11/2007, de 22 junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos:


1.Los artículos 1,2,3,4,5,6,8.1,9,10,11.1,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21.1,21.2,22, 23,24.1,24.2 ,24.3,25,26,27,28,29.1,29.2,30,32,35,37.1,38,42, el apartado 1 de la Disposición adicional primera, la disposición adicional cuarta, la disposición transitoria única y la disposición final tercera se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18 de La Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y sobre el procedimiento administrativo común


Con excepción del artículo 42, el título IV de la presente ley será de aplicación a todas las Administraciones Públicas en la medida en que éstas participen o se adscriban a los órganos de cooperación o instrumentos previstos en el mismo”



Conceptos y Principios básicos: Acceso electrónico a los servicios públicos



En los últimos tiempos se intensifica el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las Administraciones Públicas de cara a mejorar los servicios prestados al ciudadano lo que, combinado con cambios organizativos y una nueva cultura de trabajo han de conformar la denominada Administración Electrónica.


Sin embargo, si bien en nuestro derecho se han ido realizando progresos en aras de facilitar la incorporación de las nuevas tecnologías mediante sucesivas reformas, es con la aparición de la Ley 11/2007, 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, cuando por primera vez en la legislación española, se dispone de una ley integral que reconoce explícitamente como obligación de las Administraciones Públicas el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las mismas y acceder a los servicios públicos que éstas ofrecen por medios electrónicos en un plazo temporal delimitado.


 El ejercicio efectivo de estos derechos se traduce en la obligación de la Administración de dotarse de medios y sistemas electrónicos necesarios.



Principales Implicaciones de la LAECSP



Ley 11/2007 supone la formalización legal del modelo de relación telemática ciudadanos-Administración Pública para los próximos años y fija una serie de estándares en su relación con los administrados.


Entre otras cuestiones, fija un plazo para la garantía de los derechos del ciudadano en su relación con la Administración, imponiendo correlativamente a las mismas una serie de deberes, con dos objetivos prioritarios:

  • Reconocimiento del derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos.


  • La obligación de las Administraciones públicas de dotarse de los medios y sistemas electrónicos para que este derecho pueda ejercitarse.


Entre sus aspectos más relevantes señalar:

  • Evolución de una actitud pasiva de la Administración que decidía si los ciudadanos se relacionaban con ella mediante medios telemáticos a la obligación de impulsar esos medios (Paso podrán-deberán).
  • Fijación de horizonte temporal para su consecución (DF 3ª Ley Estatal: 31 de diciembre de 2009) si bien, dicho horizonte se difumina al incluir para las CCAA y EELL la excepción de las “disponibilidades presupuestarias”.
  • Respeto a las prescripciones de la LOPD.



Estructura de Ley


La Ley se estructura en cuatro Títulos de cuarenta y seis Artículos, seis Disposiciones Adicionales, una Disposición Transitoria, una Derogatoria y ocho Finales.


  • El Título Preliminar fija el objeto y finalidad de la Ley, los principios generales y su ámbito de aplicación.
  • El Título Primero hace referencia a los derechos electrónicos de los ciudadanos.
  • El Título Segundo determina el régimen jurídico de la Administración Electrónica.
  • El Título Tercero regula el procedimiento electrónico.
  • El Título Cuarto se refiere a la Cooperación entre Administraciones


Es de agradecer el que además incluya un Anexo de definiciones técnico-jurídicas, que aclare la opacidad conceptual existente sobre esta materia.



Principios básicos: Acceso electrónico a los servicios públicos.


La aprobación de la Ley 11/2007 supone, en el marco nacional, el reconocimiento explícito de unos derechos del ciudadano en el ámbito del procedimiento administrativo electrónico, que debe aglutinar las mismas garantías que el procedimiento presencial o tradicional recogiendo los siguiente principios:



DERECHOS


El artículo 4 de la Ley establece los principios fundamentales que regirán la tramitación electrónica de procedimientos administrativos al disponer:

Principios generales
Ámbito de actuación
Derecho a la protección de datos

Principios destinados a

la

protección del

ciudadano.

Principio de igualdad
Principio de legalidad
Principio de proporcionalidad
Principio de cooperación en la utilización
de medios electrónicos
Principio de seguridad

Principios que

garantizan el buen

funcionamiento de los

medios electrónicos

Principio de responsabilidad y calidad
Principio de neutralidad tecnológica
electrónicas
Principio de accesibilidad
Principios que señalan
las ventajas del uso de
las tecnologías de la
información
Principio de simplificación
Principio de transparencia



Derechos electrónicos del ciudadano.

Las obligaciones derivadas de la ley para las administraciones públicas aparecen configuradas como derechos para los ciudadanos que pasamos a enumerar:


Derecho del ciudadano Obligaciones para las AAPP Ámbito de AE relacionado
A utilizar medios electrónicos para realizar cualquier trámite con la Administración.
  • Facilitar información y la realización de trámites por los canales que dispongan.
  • Multicanalidad
  • Tramitación administrativa por medios telemáticos
A no aportar datos que ya obren en poder de las Administraciones Públicas, que los obtendrán por medios electrónicos, contando con su consentimiento si son de carácter personal.
  • Utilizar mecanismos de interoperabilidad para intercambiar datos de ciudadanos que obren en poder de administraciones con el objetivo de no solicitárselos a los ciudadanos siempre que éstos lo autoricen.
  • Interoperabilidad
  • Seguridad y transparencia


  • Interconexión de redes
A acceder en condiciones de igualdad, por medios electrónicos, a los servicios públicos prestados por las Administraciones.
  • Dotarse de los medios necesarios para facilitar el acceso de las personas que carezcan de medios propios o conocimientos suficientes.
  • Multicanalidad
  • Tramitación administrativa por medios telemáticos


  • Accesibilidad


  • e-Inclusión


  • Neutralidad tecnológica
A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los que sean interesados
  • Habilitar mecanismos para acceder y conocer el estado de tramitación de procedimientos.
  • Garantizar la seguridad en el acceso y consulta del estado.
  • Multicanalidad
  • Seguridad y transparencia


  • Tramitación administrativa por medios telemáticos
A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de un expediente
  • Habilitar mecanismos para obtener copias electrónicas de documentos
  • Almacenar todos los docuementos en formato electrónico


  • Garantizar seguridad en acceso y obtención de copias electrónicas.
  • Asegurar veracidad de las copias electrónicas distribuidas
  • Multicanalidad
  • Seguridad y transparencia
  • Tramitación administrativa por medios telemáticos
  • Gestión y archivo de documentación en formato electrónico
A la conservación electrónica por las administraciones de todos los documentos que formen parte de un expediente
  • Registrar y almacenar todos los documentos en formato electrónico para posterior consulta e impresión por administración o ciudadanos.
  • Gestión y archivo de documentación en formato electrónico


A obtener medios de identificación electrónica necesarios para cualquier trámite electrónico con cualquier administración, incluido el DNI electrónico.
  • Establecer mecanismos necesarios para facilitar la relación y el acceso seguro y confidencial.
  • Admitir el DNI electrónico como medio de identificación electrónica.
  • Seguridad y transparencia
  • Autenticación / Identidad digital
  • Neutralidad tecnológica
A utilizar otros sistemas de firma electrónica que se utilicen en el ámbito de las administraciones públicas.
  • Reconocer y adoptar los mecanismos de identificación que se utilicen en el ámbito de la Administración General del Estado así como establecer otros sistemas de identificación digital.


  • Autenticación / Identida digital
A la garantía en la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones.
  • Gestionar siempre bajo las máximas garantías de seguridad y confidencialidad, con arreglo a lo establecido en la LOPD los datos de los ciudadanos.
  • Seguridad y transparencia
A recibir unos servicios públicos de calidad prestados por medios electrónicos.
  • Garantizar la calidad y excelencia en la prestación de servicios públicos electrónicos a los ciudadanos mediante sistemas de seguimiento y evaluación así como estudios periódicos para la identificación de la demanda.
  • Seguridad y transparencia


A elegir las aplicaciones o sistemas a través de las cuales relacionarse con las Administraciones simpre y cuando utilicen estándares de código abierto u otros de uso generalizado.
  • Promover la utilización de sistemas y aplicaciones de código abierto implusando una actitud de neutralidad tecnológica.
  • En caso de ustilizar sistemas o aaplicaciones de código no abierto o sujetos a licencia se deberá facilitar el acceso y su utilización.
  • Multicanalidad
  • Accesibilidad



Análisis del articulado.

Estos conceptos aparecen a lo largo de todo el articulado de la ley como una exigencia imprescindible en la consecución efectiva de la Administración Electrónica que garantice unos servicios públicos de calidad.


Una vez concretados los derechos, pilar básico de la nueva ley, corresponde realizar una breve análisis del articulado, destacando los diferentes conceptos de e-administración implicados.


Contenido e implicaciones de su articulado:


TITULO PRELIMINAR
Artículos 1-5: Objeto, ámbito de aplicación, finalidades y principios generales


  • Implicaciones:
    • Obligación de establecer canales telemáticos de comunicación con el ciudadano.
    • Garantizar seguridad de comunicaciones
    • Fijación de principios:
      • Interoperabilidad y reconocimiento mutuo de documentos entre las Administraciones Públicas
      • Neutralidad tecnológica y adaptabilidad
      • Principio de simplificación administrativa (rediseño y simplificación de procesos)
      • Principio de publicidad y transparencia (publicación y acceso telemático al expediente administrativo)


TITULO PRIMERO
Artículos 6-9: Derechos, defensa, garantías y transmisión de datos entre Administraciones públicas


  • Implicaciones:
    • Obligación de establecer canales telemáticos de comunicación con el ciudadano.
    • Diversidad de canales (opcional, carácter abierto según disponibilidad)
    • Posibilitar el “como va lo mío?”
    • Conservación del expediente electrónico
    • eDNI y otros medios habilitados
    • Creación del Defensor del Ciudadano y las Inspecciones General de Admon Electrónica y las ministeriales en la Admón. Gral. Estado.
    • Obligaciones derivadas para la Administración General del Estado:
      • Oficinas de atención presencial, con asistencia para el acceso de los ciudadanos a los canales de comunicación telemáticos
      • Puntos de acceso electrónico (general y particulares o departamentales)
      • Servicios de atención telefónica
      • Accesibilidad de los datos. Reutilización de datos que obren en poder de las Admón, con el consentimiento expreso de su titular. (siguiendo la LOPD)


TITULO SEGUNDO
Artículos 10-32: Capítulos I-IV: Sede electrónica, Identificación y autenticación, Registros, comunicaciones y notificaciones electrónicas, documentos y archivos electrónicos


  • Implicaciones:
    • CAPITULO I: Sede Electrónica:
    • Sede electrónica: dirección electrónica cuya gestión y administración corresponde a la Administración.
    • El articulado deja abierto a cada Administración la determinación de los medios e instrumentos de creación de las diferentes sedes, sean estatales, autonómicas o locales. (necesaria actualización de la información publicada en la sede y  descripción de catálogo de servicios)
    • Habilita la publicación vía portal o sede electrónica. (notificaciones edictales a través del portal, p. ej.: Ayuntamientos en caso de multas por aparcamiento)
    • La equiparación de las ediciones electrónicas y en papel de los diarios y boletines oficiales (avances en el ámbito autonómico p. ej.: Ley 2/2007, del 5 de junio, del Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña)
    • CAPITULO II: Formas de identificación y autenticación:
    • Firma electrónica: Se habilitan distintos instrumentos de acreditación (concreción posterior por la normativa de desarrollo)
    • Admisibilidad del eDNI y otros certificados.
    • Introducción de la novedad de firma electrónica avanzada e identificación por claves concertadas.
    • Formas de identificación de la Admón. Púb. (sello electrónico, código seguro). Certificación de documento administrativo adscrito al expediente.
    • Articulación a través de convenios de colaboración de medios de identificación en las comunicaciones entre diferentes administraciones.
    • CAPITULO III: Registros, comunicaciones y notificaciones electrónicas:
    • Nueva Regulación de Registros electrónicos:
    • Admisión de documentos electrónicos normalizados (normalización y rediseño de plantillas)
    • Admisión de cualquier solicitud no estandarizada (plan de comunicación y publicación de plantillas para minimizar estos escritos)
    • Suscripción de Convenios para potenciar el concepto de ventanilla única. (a través de recepción de solicitudes de otros ámbitos geográficos y competenciales)
    • Automatización de Oficinas del Estado art 38 Ley 30/92.
    • Obligación de Regular específicamente los Registros Electrónicos por las CCAA
    • Catalogo de documentos y solicitudes que se pueden presentar
    • Recibos electrónicos de recepción de documentos
    • Establecimiento de la obligatoriedad para el ciudadano de utilizar la comunicación electrónica con la Administración, cuando se determine reglamentariamente, aunque sólo para las personas jurídicas o colectivos que tengan garantizado el uso de estas tecnologías (esto es, cuando se considere que lo tengan).
    • CAPÍTULO IV: Documentos y archivos electrónicos:
    • Condiciones de validez del documento electrónico.
    • Digitalización de expedientes (mediante el sello electrónico oportuno)


TITULO TERCERO
Artículos 33-39: Capítulos I-II: Procedimientos electrónicos


  • Implicaciones:
    • La implantación irá siempre precedida de la realización de un análisis de rediseño funcional y simplificación del procedimiento, proceso o servicio, en el que se considerarán especialmente los siguientes aspectos (art 34):
      • La supresión o reducción de la documentación requerida a los ciudadanos, mediante su sustitución por datos, transmisiones de datos o certificaciones, o la regulación de su aportación al finalizar la tramitación.
      • La previsión de medios e instrumentos de participación, transparencia e información.
      • La reducción de los plazos y tiempos de respuesta.
      • La racionalización de la distribución de las cargas de trabajo y de las comunicaciones internas.
      • Presentación telemática de solicitudes (sistemas normalizados de solicitud). Definición de formularios con campos completados.
    • Habilitación de trámites telemáticos, sistemas de gestión con control de tiempos y plazos, trazabilidad de participantes y responsables.
    • Obligación de habilitar el “¿como va lo mío?” por medio electrónicos. (servicio electrónico de acceso restringido)
    • Garantías de identidad y competencia del órgano que dicta la resolución
    • Garantía de integridad del expediente electrónico (Determinar competencia para la auditoría del sistema de información y su código fuente)


TITULO CUARTO
Artículos 40-46: Capítulos I-II: Cooperación entre Administraciones


  • Implicaciones:
    • Comité Sectorial de Administración Electrónica: órgano técnico de cooperación interadministrativa
    • Necesaria interoperabilidad entre Administraciones.
    • Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad, que determinarán las principales directrices a seguir en materia de Administración Electrónica.
    • Red Integrada de Atención al ciudadano para la prestación conjunta de servicios públicos y Red Interadministrativa de Comunicaciones, ambas de carácter voluntario.


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